El pasado 19 de mayo de 2025, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha protagonizado una de las mayores intervenciones sobre el mercado del alquiler turístico en España al ordenar a Airbnb la eliminación y bloqueo de más de 65.935 anuncios de alquileres turísticos considerados ilegales.
Esta medida marca un hito en la lucha contra la oferta no regulada y la defensa del derecho a la vivienda en las principales ciudades españolas.
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La decisión se basa en la detección de miles de anuncios que no cumplen con la normativa vigente. Muchos de ellos carecen del número de licencia turística obligatorio o no identifican correctamente al responsable del alojamiento, requisitos exigidos por las comunidades autónomas para garantizar la legalidad y seguridad de la oferta. Además, la mayoría de los anuncios bloqueados corresponden a viviendas completas, lo que refuerza el carácter profesional de la actividad y no de simple economía colaborativa.
El procedimiento que llevó a Consumo a imponer a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales ha sido un proceso muy largo y exhaustivo. El ministerio notificó hasta tres resoluciones a la plataforma, exigiendo la retirada de los anuncios que no cumplían la ley. Este caso llegó a los tribunales, debido a la negativa inicial por parte de Airbnb. El Tribunal Supremo de Justicia de Madrid respaldó al ministerio, obligando a la plataforma a eliminar una primera tanda de más de 5 mil anuncios ilegales.
El grueso de los anuncios bloqueados se localiza en regiones donde existe una alta presión turística, como:
Estas zonas concentran la mayor parte de los anuncios para pisos o alojamientos turísticos, y, en consecuencia, los mayores problemas de acceso a la vivienda residencial.
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La medida por parte de Consumo de bloquear anuncios ilegales se fundamenta en la principal defensa del acceso a la vivienda y la necesidad de frenar la proliferación de alquileres turísticos irregulares. Según el Ministerio, la existencia masiva de pisos turísticos ilegales contribuye a la expulsión de residentes y la gentrificación de los barrios, aumentando los precios y dificultando el acceso a la vivienda para la población local.
Airbnb ha respondido recurriendo judicialmente todas las resoluciones y defendiendo su modelo de negocio. La plataforma argumentaba que la normativa es confusa y varía entre comunidades autónomas, lo que dificulta la verificación de cada anuncio. Además, sostiene que colabora activamente con las autoridades y que la mayoría de sus anfitriones cumplen con la legalidad vigente.
No obstante, es posible que Airbnb se vea obligado a revisar y reforzar sus mecanismos de control y verificación de anuncios en toda España.
La decisión sobre la imposición de un bloqueo de anuncios ilegales tendrá efectos a corto y medio plazo en el sector de alquiler turístico y en el mercado inmobiliario español
La resolución inicial podría abrir la puerta a que otras plataformas de alquiler vacacional y OTA se vean afectadas también, lo que supondría el mismo destino para miles de anuncios más.
Por otro lado, la medida intensifica el debate sobre la necesidad de una regulación clara y homogénea a nivel nacional, que permite combinar el turismo con el derecho a vivienda.
Esta acción por parte de Consumo supone un punto de inflexión en la regulación del alquiler turístico en España. Esta decisión, respaldada por la justicia, refuerza la protección al derecho de vivienda y lanza un mensaje claro: El cumplimiento de la ley no es negociable, incluso para las grandes plataformas digitales. El futuro del alquiler turístico dependerá, en gran parte, de como evolucione este pulso entre las autoridades y las plataformas digitales y de la capacidad de adaptar la normativa a estos nuevos retos en el mercado.